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| Violencia: La endemia del nuevo siglo
En su “Informe Mundial sobre Violencia, 2002” la Organización Mundial de la Salud reporta que cada año la violencia causa la muerte de 1,6 millones de personas (Jong-Wook, L. 2004), más de mil millones son afectados por la violencia masiva, la guerra, el terrorismo, la tortura o el conflicto étnico; estos hechos han llevado al desorden mental a 450 millones de personas y a otros 45 millones a vivir como refugiados (Lavelle, J. 2004). El ataque en setiembre del 2001 a las Torres Gemelas en New York mostró la magnitud de los daños que el hombre puede causar y los efectos que estos pueden acarrear: la sensación generalizada de zozobra, temor y desconfianza, mecanismos comúnmente empleados por el terrorismo para lograr su cometido; ataques posteriores ratificaron la convicción que no existe hoy población que se pueda considerar exenta del riesgo de sufrir un ataque terrorista. Estos acontecimientos cambiaron la visión global de la seguridad, ocasionaron grandes pérdidas laborales y económicas y desembocaron en otros conflictos; en alguna forma algo cambió en el mundo. En el Perú, entre 1980 y 1995, la guerra contra la subversión causó la muerte o la desaparición de 69,280 personas, un millón de desplazados, dos millones de afectados (Comisión de la Verdad y la Reconciliación, 2004) y pérdidas económicas que superaron los 25 mil millones de dólares americanos, abultada deuda que gravará a la población por varias décadas restando opciones de bienestar y desarrollo particularmente a los más pobres. Las estadísticas, sin embargo, no alcanzan a mostrar el sufrimiento de las personas, la desesperanza, el desarraigo familiar y social, la orfandad y la pérdida de oportunidades. Los daños de la violencia desbordan a menudo la esfera biológica y material y alcanzan el ámbito mental, social, cultural y espiritual, su cicatrización es a veces tórpida y sus efectos perdurables cuando no discapacitantes. Los diferentes tipos con que suele presentarse la violencia suelen enlazarse y alentarse entre sí, en muchos lugares se entroniza en la estructura social y no pocas veces es consentida y alimentada, no es raro que en su urdimbre etiológica se entrelacen factores culturales, políticos, religiosos, económicos, y otros, con un denominador común: el afán de subyugación; la violación de los derechos de las personas es un resultado constante. La violencia se ha convertido en un problema de salud pública a nivel mundial, nuestro país no escapa a ello. Al declinar la lucha antisubversiva la autoridad ministerial consideró que otros tipos de violencia y accidentes debían ser afrontados en el futuro con igual preocupación (Ministerio de Salud. 1995. Lineamientos de Política de Salud 1995-2000). La agresión interpersonal, la violencia de género o aquella cometida contra el niño o el adulto mayor muestran cifras crecientes; el desborde popular y los ajusticiamientos extrajudiciales o el pandillaje deben ser tomados como trazadores de tendencias sociales que es preciso atender y modular. La accidentalidad está emparentada con la violencia, cada año se producen en nuestro medio tres mil muertes ocasionadas por accidentes del transporte terrestre superando las ocasionadas por la lucha contra la subversión; en 1998 el 24,5% de la mortalidad ocurrida en el grupo de edades de 12 a 40 años fue originada por accidentes, envenenamientos y violencias, casi el triple de la mortalidad causada por infecciones digestivas y respiratorias en esas edades (Ministerio de Salud, 1999. Defunciones Registradas 1998); esos daños en gran parte pudieron ser evitados, y aunque no existe justificación técnica ni ética para aceptar su persistencia se carece de una estrategia concertada del Estado para detenerla. La prevención desde todos los ángulos es la medida más recomendable, el abordaje de este complejo problema demanda una visión sistémica y un trabajo fundado en el compromiso social; luchar por más recursos dedicados exclusivamente a la asistencia de los daños es una forma de consentir la vulnerabilidad y hacerse cómplices del riesgo. La violencia política reciente causó pérdidas humanas que superaron las sumadas en todas las guerras externas y guerras civiles ocurridas en los 182 años de vida independiente del país (Comisión de la Verdad y la Reconciliación, 2004), debemos hoy asumir las labores de resarcimiento a las víctimas y en ese esfuerzo debemos sumarnos todas las personas e instituciones, no es suficiente el reconocimiento económico, a todos ellos hay que devolverles su identidad y autoestima, la confianza en la sociedad y las expectativas de un futuro saludable. También debemos abocarnos al estudio concienzudo de las causas de la violencia, al abordaje de sus mecanismos patogénicos con una visión científica social y antropológica, y a promover el acceso a la justicia, al trabajo, la educación y la salud, la universalidad de los derechos humanos, priorizando la protección de la mujer y el niño de los sectores más vulnerables. Debe privilegiarse la recuperación de la salud mental de la población afectada, encomiable actividad asumida por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y el Ministerio de Salud a través del Programa de Atención Integral a las Víctimas de la Violencia. Construir los modelos de organización de la sociedad humana demoró miles de años, el producto es aún imperfecto, grandes esfuerzos debemos todavía hacer para lograr la tolerancia y los acuerdos que nos permitan alcanzar sociedades justas y solidarias donde la vida de todos transcurra con dignidad y esperanza. Sabemos que cada hilo de la enmarañada trama de la violencia está plagado de incertidumbres y acechanzas, pocas cosas sin embargo nos quedan claras: tenemos que hacerlo...y hacerlo juntos. Saludamos con beneplácito la decisión de la Fundación Instituto “Hipólito Unanue” de incluir en su revista “Diagnóstico” un simposio sobre el tema de violencia en el cual congrega la opinión de destacados profesionales que, desde diversos ángulos, analizan los hechos que generaron los daños y su etiología, revisión que por su oportunidad y pertinencia merece la atención de los profesionales y la autoridad de salud. Nelson Raśl Morales Soto
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